La Federación Autismo Madrid, representante de las personas con TEA en la Comunidad de Madrid, contempla con preocupación el asunto del copago farmacéutico y el efecto que este puede producir en la economía de un colectivo que ya de por sí se encuentra en mayores dificultades que la población general, por lo que debería ser objeto de una especial protección social.

La modificación legislativa que ha traído un aumento del copago farmacéutico a nuestro país parece que hasta el momento ha dejado de lado a las personas gravemente afectadas por la discapacidad intelectual y con gran dependencia. Pese a los mensajes tranquilizadores de legisladores y políticos, desde las instancias estatales competentes (Seguridad Social) todavía no se ha logrado recoger normativamente la protección prometida hacia este colectivo, la mayoría de ellos incapacitados judicialmente. Especial mención haremos de aquellas personas ya jubiladas y con hijos con grave discapacidad intelectual, que de repente han visto aumentar significativamente los costes farmacéuticos con la nueva legislación.

Dado que la normativa implantada no establece de manera clara y precisa cómo las personas con grave discapacidad intelectual quedan protegidas ante este aumento del coste, pensamos que es urgente que se garantice que estas personas no van a verse perjudicadas en estos momentos de crisis.

Desde la Federación Autismo Madrid establecimos contacto desde el principio con la Consejería de Sanidad y en todo momento encontramos una sincera disponibilidad a mediar ante este “vacío” normativo. Se entendía y asumía el hecho de que era necesario preservar la protección que tanto la LISMI, la Constitución y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad contemplan en su seno. Así fuimos informando en diversas comunicaciones tanto a nuestros propios asociados como a la sociedad en general.

La realidad es que tras todos estos meses de trabajo, nos seguimos enfrentando al mismo problema con las dificultades derivadas de la falta de una normativa que permita la exención del copago por parte de nuestro colectivo de una manera inequívoca. Las sucesivas modificaciones que se han ido realizando sobre la LISMI (Ley de Integración Social de las personas con discapacidad) han dejado sin efecto práctico la voluntad protectora que esta Ley promulgaba y de la que ahora carecemos. Consideramos además fundamental en esta problemática normativa el hecho de que las personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas pasaron de percibir los subsidios y pensiones recogidos por la LISMI a un modelo de prestaciones familiares no contributivas (como la de hijo a cargo) que ahora quedan fuera de lo que la norma considera como motivo de exención del copago farmacéutico (pensión no contributiva frente a prestación no contributiva).

Estamos convencidos de que la sociedad desea proteger a un colectivo tan vulnerable y gravemente afectado. Seguiremos trabajando en pro de una solución satisfactoria con la ayuda de todos y el apoyo del CERMI. Trabajemos pues en adecuar la actual normativa, que todos sabemos que ha sido elaborada con rapidez (ya ha necesitado de varias correcciones) para que de una vez por todas dejen de vulnerarse los derechos de las personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas.